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Playa del Carmen.- Persisten las irregularidades en cuanto a la procuración e impartición de justicia, en cuanto se refiere a las mujeres, en especial en Solidaridad, denunciaron hoy activistas, quienes señalan el caso de una madre cuya hija está desde hace cuatro meses en la Procuraduría de Defensa del Menor, sucia y sin acceso a la escuela; también continúa detenida Paulina Alejandra, víctima de violencia vicaria, quien venía huyendo desde Durango.
Estos casos fueron detallados hoy en rueda de prensa por Ariadne Song Anguas, representante de la Red de Víctimas Quintanarroenses, quien urgió a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, establecer una mesa de diálogo con las madres de violencia vicaria, las madres buscadoras, las madres víctimas de feminicidios y las madres de violencia familiar.
Un caso es el de Tesiana, cuya hija de siete años de edad fue turnada a la Procuraduría de Defensa del Menor, por queja de su ex pareja, un funcionario que trabaja en el Planetario Sayab.
La menor ya ha tenido piojos, además de estar sucia, sin acceso a la escuela y con convivencia con adolescentes, quienes les enseñan cosas inapropiadas para su edad.
En una ocasión, le dijeron que se les había caído la niña, quien sufrió un corte en la barbilla que requirió dos puntos.
En su caso, ofreció a sus abuelos como red de apoyo, para que cuiden a la niña, pero el oficio se ha traspapelado. No solo eso, sino otros correos electrónicos han sido borrados, y en tanto, la procuradora de la defensa del menor la ha condicionado, advirtiéndole que no critique a la institución en redes sociales.
Otro caso es el de Paulina Alejandra, quien arribó a Quintana Roo desde Durango para huir de su ex pareja, quien logró por influencias obtener una orden de aprehensión en su contra. Al llegar a Solidaridad, fue detenida, en tanto que su hijo fue entregado a su agresor. Todavía continúa tras las rejas.
En conferencia de prensa, Ariadne Song, acompañada de víctimas del sistema judicial, cuyos casos se encuentran empantanados, mencionó que, a pesar de que han demostrado con pruebas las anomalías cometidas por los jueces, la Fiscalía, el personal del DIF estatal y del Sistema de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes (Sipina), las autoridades todavía no han iniciado una investigación para fincar responsabilidades.
Mencionó que hay casos donde los infantes han sido arrebatados de la protección de la madre por la mala integración de las carpetas de investigación, violencia vicaria o por complicidad de los jueces con los padres, evidenciando que no se ejerce la justicia con los protocolos, ni perspectivas de género.
Señaló que el programa “Mujer es Poder” no es suficiente, ya que una despensa no une a estas madres cuyos hijos les han sido arrebatados.
“Ante todos esos casos, hay indiferencia de la gobernadora, por lo que exigimos una mesa de diálogo para acelerar los procesos, y pedimos que se investigue qué está pasando en las instancias de procuración de justicia que, lejos de proteger a las víctimas, protegen a los violentadores”, declaró Song Anguas.
La activista comentó que las irregularidades también han sido denunciadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero caen en omisiones o, en su defecto, realizan supuestas visitas en donde aseguran que las anomalías fueron subsanadas.
En ese sentido, la activista y las madres víctimas demandaron a la gobernadora abrir una mesa de diálogo para que se agilice el proceso y puedan recuperar a sus hijos, además de fincar responsabilidad por las irregularidades que permean en el sistema de impartición de justicia.
