Autodefensas en Michoacán

Autodefensas y Estado de Derecho

Autodefensas en Michoacán
Autodefensas en Michoacán

Autodefensas y Estado de Derecho
Por Rosa María de la Peña
8 de Febrero de 2014

Este es el primero de una serie de artículos sobre las autodefensas que ya se perciben como uno de los fenómenos sociales más llamativos del México de inicios de siglo y, al mismo tiempo, menos explicados. El caso amerita tomar medidas más allá de la situación actual en que las autodefensas están en proceso de regularización, al ser incorporadas como defensas rurales o policías municipales. Mi opinión es que más que un problema, las autodefensas pueden ser aprovechadas como una oportunidad para avanzar hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho.

El Crimen Organizado está asolando comunidades por todo el país: homicidios, secuestros, cobro de piso. Nombre elegante que se le da a la extorsión con la que los criminales exprimen a capas productivas de diversos lugares desde hace aproximadamente una década y que abarca indistintamente todo el espectro social desde los más pobres hasta los ricos. La reacción más decidida a este flagelo surgió en la Tierra Caliente de Michoacán con los grupos armados identificados como autodefensas o policías comunitarias. El tipo de armamento que han sido capaces de conseguir, ha generado preocupación y una polémica donde para algunos se trata claramente de grupos paramilitares y para otros son héroes que se han armado de valor para enfrentar una amenaza sin precedentes representada por el crimen organizado. En la primera posición se encuentran analistas, expertos en seguridad y líderes de opinión incluyendo Human Rights Watch. La crítica, desde mi punto de vista más sólida viene de colegas juristas quienes sostienen que las autodefensas no pueden usurpar una función exclusiva del Estado que se conoce como “el monopolio del uso legítimo de la fuerza”, tesis de Max Weber que goza de una aceptación prácticamente universal, por lo que bien puede entenderse como un paradigma científico social.

En el mismo sentido, el pasado 14 de Enero leímos declaraciones del Presidente de la CNDH, Dr. Raúl Plasencia, en entrevista con CNN en Español, donde declaró que “Los grupos de autodefensa de Michoacán amenazan el estado de Derecho y confunden a la sociedad sobre quién es el gobierno”. Ya antes el Dr. Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en un artículo en el Diario Reforma afirmó: “El Estado no puede permanecer expectante ante su propia dilución. Todo Leviatán reacciona en algún momento y debemos estar conscientes de que su respuesta espontánea suele ser autoritaria. Por eso es necesario adelantarnos, construyendo una democracia radical que ofrezca soluciones para los dos problemas mayores del país: inequidad e inseguridad. Será un error dejar que todo siga su curso, porque la exigencia de resultados policiales puede ser un pretexto para el autoritarismo”.

Sin embargo, desde mi punto de vista, las autodefensas pueden ser una oportunidad de coyuntura que nos inste a rescatar el Estado de Derecho de la postración en que lo tenemos. Las autodefensas merecen el respaldo tanto del Estado como desde la sociedad civil, porque están enfrentando una situación de grave peligro ante el embate del Crimen Organizado que ha venido creciendo de manera desenfrenada. Las autodefensas tienen la ventaja de que ya presentan una toma de posición genuina en contra de la criminalidad. De ahí, el paso siguiente es el apoyo al Estado de Derecho que pasa por la corrección del estado de cosas por demás deficiente que actualmente tenemos. Son comunidades acorraladas, que ya se dieron cuenta de que ninguna organización criminal puede ofrecer la paz y que el sometimiento por miedo a sus abusos sólo sirve para asegurar una degradación progresiva. Se trata básicamente de tejido social sano y no necesariamente pertenecen como se ha dicho, a grupos sometidos a algún cártel, aún cuando podría aparecer algún grupo intersado en infiltrar el movimiento. Acertadamente, el Estado, optó por la vía de legalizarlas, proceso que ya comenzó. Esto también es una toma de posición aún cuando todavía haya dudas de que sea totalmente sincera. Pero si el Estado sigue avanzando por esta ruta tomando decisiones pertinentes con velocidad, creo que lograremos bastante más que sortear la emergencia.

El gobierno federal actuó en el sentido correcto al no atacar de manera frontal a las autodefensas, aunque todavía no logra la confianza de ellas sino sólo de manera muy relativa, que ya es algo. ¿Qué se requiere, en esta primera etapa para lograr la confianza? La respuesta es que hay que abandonar esa costumbre tan arraigada en los políticos mexicanos que es la simulación. Va a ser difícil de parte del gobierno porque nuestra clase política ha tenido a la simulación como el método de comunicación más socorrido. Una herencia predemocrática. En contraste, del lado de los líderes de las autodefensas, como el Dr. Mireles, Hipólito Mora y Estanislao Beltrán, hemos visto una aptitud fresca inclinada a llamarle a las cosas por su nombre. En este primer año de actuación los líderes de las autodefensas han dado la impresión de veracidad y verticalidad. Cualidades a las que no estamos acostumbrados, pero que resultan para todos nosotros una sorpresa muy agradable que les ha ganado a las autodefensas respeto y adeptos a lo largo y ancho del país. Aquí ya tenemos un precedente ganado. Otro precedente saludable es el que sentó la Senadora Iris Vianey Mendoza al separarse de su cargo para solicitar a la PGR que inicie la investigación correspondiente a fin de esclarecer una acusación de nexos con los Caballeros Templarios. La inseguridad, aunada a la impunidad persistente, hace prever que este movimiento de autodefensa se replicará en todos los lugares donde el Crimen Organizado opera con mayor intensidad.

Una decisión que todavía no se toma, pero que es urgente abordar sin ambigüedades, es la relacionada con las armas de alto calibre, actualmente restringido a los militares. Dado que la amenaza del Crimen Organizado es real, no es justo ni razonable pedirle a las autodefensas que se ajusten al calibre contemplado por Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos cuando los criminales ya usan rifles de alto poder, granadas y hasta lanza misiles antitanque. Se necesita buscar una salida legal apropiada que no les deje en desventaja con los criminales.
Hay corrientes que han visto en las autodefensas la oportunidad para conducir una revolución de tipo social o socialista. Yo percibo otra naturaleza en este movimiento por dos motivos. El primero de ellos es que se compone de poblaciones que están defendiendo un tipo de derechos que corresponden, desde mi punto de vista a algo que en México hemos tenido como una gran asignatura pendiente: los derechos humanos de Primera Generación, mismos que por lo que explicaré en un artículo subsecuente, no alcanzaron a consolidarse en nuestro país. El otro dato es el señalado por los propios líderes actuales de las autodefensas como el Dr. Juan José Mireles de Tepalcatepec e Hipólito Mora de la Ruana, fundador del movimiento michoacano levantado en armas hace un año. Concretamente, el primero de ellos ha declarado que no pretenden una revolución social. Hipólito Mora ha señalado que no desean ir contra el gobierno, ni tampoco destruir al Estado, sino lograr que funcione como Estado de Derecho. Por otro lado, lo que hemos visto es que la composición de los apoyos de las autodefensas corresponden a la descripción típica de la sociedad civil. Hay de todo, desde jornaleros, amas de casa, aguacateros, limoneros, ganaderos, comerciantes en pequeño y dueños de empresas. Hasta ahora parece claro que no desean tomar el poder, pero sí lograr que éste se limpie de corrupción. En este punto mi opinión es que en una democracia, el poder, las decisiones estratégicas, las tienen los ciudadanos. El objetivo es en sí la revolución que nos falta en México: lograr un Estado que garantice eficazmente los derechos que conforman aquellos con los que nació la idea propiamente del Estado de Derecho: la vida, la seguridad, la libertad, la propiedad y el debido proceso, los que exactamente comprenden los derechos humanos de Primera Generación, los derechos individuales de la tradición liberal que en nuestro país comenzó con el movimiento de Independencia expresado en los Sentimientos de la Nación de Morelos, la Constitución de 1824 y culminó con la Constitución de 1857. Si en el camino no son desplazados los líderes por las corrientes conservadoras del nacionalismo revolucionario con las que PRI indoctrinó a muchas generaciones a través de los libros de texto y que dominan un sector de la izquierda de vocación antidemocrática que coquetea con la vía violenta al poder porque la ve como la más romántica o prestigiosa, yo veo que México puede tener hoy, precisamente con las autodefensas, la oportunidad de rescatar esa tradición que se llevó a la tumba la Gran Generación de 1857, la de un Estado de Derecho fincado en una sociedad civil fuerte y libre, sabedora de que el Estado es su creación y que su actividad es sostenida por los ciudadanos a través de sus contribuciones. Que el Estado no puede volverse en contra de sus creadores y que está para proporcionarnos la seguridad de ejercer en paz nuestros legítimos derechos.

Noticias Playa del Carmen

Acerca de Rosa Maria de la Peña

Doctora en Derecho por la UNAM. Profesora de Filosofía del Derecho, fundadora de las Cátedras de Ética Jurídica y Ética y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Autora de libros de apoyo académico. Obras publicadas por UNAM, Porrúa Hnos, Gernika y otras editoriales. Ganadora del 1er lugar del III Premio de Ensayo en Filosofía Política convocado por la Revista Perfiles Liberales y Fundación Friedrich Naumann.

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