El plazo de cinco días hábiles que tres consejeros propietarios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Playa del Carmen (Canaco) fijaron a Iovana Franco para entregar la institución concluyó la semana pasada sin que se realizara la devolución. En el requerimiento, los consejeros le exigieron restituir las instalaciones, cuentas bancarias, archivos y sistemas al consejo directivo que reconoce la dependencia federal, encabezado por Adán Toledo Lucero.

El documento, fechado el 2 de junio y dirigido a Alma Iovana Franco Cervantes, quien se ostenta como presidenta, se sustentó en el oficio 110.01.750.2026 de la Secretaría de Economía, del 28 de mayo, en el que la autoridad federal reitera que no reconoce a la dirigencia que asumió los cargos para el ejercicio 2026.

Qué se le exigía entregar

De acuerdo con el requerimiento, la entrega abarcaba la totalidad de los bienes y registros de la Cámara: instalaciones y llaves, mobiliario y equipo de cómputo, archivo físico y digital, documentación fiscal, cuentas bancarias y recursos captados, así como las credenciales del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) y la terminal de cobro vinculada a las cuotas. El documento exigía, además, la rendición de cuentas de la totalidad de los ingresos y egresos de la Cámara —por cuotas de afiliación, el SIEM, servicios y eventos— comprendidos entre el 27 de febrero de 2026 y la fecha de entrega. De acuerdo con los consejeros, en ese periodo los ingresos del organismo han permanecido bajo el control de Iovana Franco.

Adán Toledo, el presidente reconocido a quien corresponde convocar

El oficio de la Secretaría de Economía establece que el consejo con representación legal es el del ejercicio 2025, en el que Adán Toledo Lucero figura como presidente e Iovana Franco únicamente como secretaria de actas. De ese reconocimiento se desprende —aunque el oficio no lo señale de manera expresa— que la facultad de convocar a la asamblea de renovación recae en Toledo Lucero como presidente reconocido, y no en Franco, a quien la dependencia no reconoce. La Cámara cuenta, además, con un plazo de 30 días hábiles fijado por la propia Secretaría para regularizar su situación.

Las consecuencias que advirtió el requerimiento

El documento advertía que el incumplimiento derivaría en consecuencias por las vías penal, civil, administrativa y fiscal. En el plano penal, anticipaba dar vista a la Fiscalía General del Estado por la presunta retención de los bienes de la Cámara. Hasta el cierre de esta nota, este medio no tenía constancia de que esa vista se hubiera presentado.

El trasfondo: señalamientos cruzados

En el fondo del conflicto, consejeros consultados por este medio señalan como presunto orquestador a José Luis Hernández Barragán, consejero vitalicio de la Cámara, a quien identifican como el principal promotor de Iovana Franco. El señalamiento alcanza también al consejo reconocido: en 2025, este medio documentó que Adán Toledo Lucero y Hernández Barragán habrían utilizado recursos de la Cámara para un negocio privado.

Tanto Iovana Franco como las demás personas mencionadas conservan el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución que determine responsabilidad. Este medio mantiene abierto el derecho de réplica para las partes señaladas.