La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley de Economía Digital, una norma que faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar sectores estratégicos y actividades donde los pagos deberán realizarse de manera exclusivamente digital. La iniciativa, impulsada desde el Poder Ejecutivo, se aprobó con 327 votos a favor del bloque oficialista y 122 en contra de legisladores de oposición, luego de que se desecharan todas las reservas presentadas durante el debate.
El tema cobra relevancia en todo el país, incluidas zonas con fuerte actividad comercial y turística como Quintana Roo, donde pequeños negocios podrían verse afectados por los cambios en los mecanismos de cobro.
Preocupaciones sobre el impacto en pequeños comercios
Durante la discusión en tribuna, legisladores de oposición advirtieron sobre los riesgos que la transición hacia los pagos digitales representaría para micro y pequeños negocios. Se señaló que la adopción de terminales, códigos QR y conectividad implica costos adicionales, además de comisiones bancarias que, de no regularse, podrían trasladarse al consumidor final.
También se planteó que la ley trataría de forma desigual a comercios de distinto tamaño, pues las grandes cadenas cuentan con mayor capacidad de negociación frente a las instituciones financieras, a diferencia de pequeños establecimientos sin ese respaldo.
Otros legisladores opositores cuestionaron que la Secretaría de Hacienda tendría facultades amplias para definir, sin criterios explícitos en la ley, qué sectores quedarán obligados a operar exclusivamente con medios digitales, lo que generaría incertidumbre para familias y pequeñas empresas.
Postura a favor de la nueva normativa
Legisladores de la bancada oficialista defendieron el dictamen al señalar que busca aprovechar la innovación tecnológica para generar ahorros en recursos públicos y privados. Explicaron que la Ley de Economía Digital contempla una transición gradual, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad en las transacciones y reducir costos operativos.
Entre los elementos de la reforma se incluye el reconocimiento de la CURP digital como mecanismo de autenticación para servicios financieros contratados en línea, así como la creación de un Expediente Digital Ciudadano que permitirá consultar y gestionar documentos con la misma validez jurídica que los físicos.
Durante el debate también se mencionaron pendientes relacionados con la informalidad laboral y la protección de datos personales, temas que, de acuerdo con legisladores opositores, no quedaron plenamente atendidos en el dictamen aprobado.
