El conflicto entre el Gobierno de México y la empresa estadounidense Vulcan Materials por las operaciones de su filial Calica en Quintana Roo ha generado una significativa reacción política y diplomática en Estados Unidos. Cuatro congresistas estadounidenses enviaron una carta al embajador mexicano en ese país, Roberto Lazzeri Montaño, exigiendo un trato que consideren justo para la compañía y sus trabajadores.
Presión política desde Estados Unidos
La carta, dada a conocer el 28 de septiembre, fue encabezada por Terri Sewell, congresista demócrata, junto con los representantes republicanos August Pfluger y Gary Palmer, y el demócrata Salud Carbajal. Todos expresaron su preocupación por las acciones de las autoridades mexicanas contra Vulcan Materials, las cuales, según su perspectiva, han afectado las operaciones de la compañía durante casi una década.
Particularmente, Sewell y sus colegas legisladores destacaron la ocupación militar de las propiedades de Vulcan en México y señalaron su intención de seguir promoviendo soluciones diplomáticas y legislativas para resolver el conflicto. Uno de los instrumentos a los que aludieron fue la Defending American Property Abroad Act (DAPA), legislación aprobada en marzo con el propósito de proteger activos de empresas estadounidenses en el extranjero.
Dimensión judicial y territorial del conflicto
El pronunciamiento se produce tras el fallo emitido por el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en julio pasado. Aunque el tribunal rechazó la mayoría de las reclamaciones de Vulcan, determinó que una medida del Gobierno mexicano en 2018 era incompatible con el TLCAN, por lo que se reconoció una compensación de 15.9 millones de dólares.
Además, la situación de los terrenos donde opera Calica ha sido objeto de controversia después de que el Gobierno federal decidiera incluir estas áreas como parte de un área natural protegida en 2024, impidiendo su uso para actividades productivas. Esta medida ha sido percibida por los congresistas como una de las decisiones que han agudizado el conflicto.
Con la nueva intervención de congresistas de ambos partidos, la disputa que antes era principalmente empresarial y jurídica, ahora se ha transformado en un tema diplomático que añade presión desde Washington a las autoridades mexicanas.
